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¿Qué es?
Durante los procesos de paz, las partes deben considerar cuestiones fundamentales sobre cómo abordar las violaciones graves y masivas de los derechos humanos cometidas durante los conflictos violentos. Si bien las solicitudes de justicia a menudo se encuentran entre los elementos más complejos y controvertidos de las negociaciones, abordar esas violaciones y, en particular, las perspectivas y necesidades de las víctimas es clave para garantizar la credibilidad y la legitimidad de los acuerdos de paz resultantes.
En los procesos de paz y las negociaciones políticas destinadas a poner fin a los conflictos violentos casi siempre deben abordarse las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado. En los procesos de paz que pusieron fin a las guerras en Guatemala, Sudáfrica, El Salvador, Sierra Leona y Colombia, así como en las negociaciones en curso en países como Libia, Sudán del Sur, Siria, Venezuela y Yemen, la justicia transicional ha surgido como un tema crítico.
Los procesos de paz plantean preguntas fundamentales sobre cómo un acuerdo de paz debe abordar el legado de violaciones masivas y graves de derechos humanos cometidas durante un conflicto: preguntas sobre el tipo de justicia que se puede lograr; el trato que debe dársele a las víctimas; la naturaleza de los procesos penales apropiados para la rendición de cuentas, reparación y reforma; y el equilibrio y complementariedad que se necesita entre justicia, seguridad y paz duradera.
Las peticiones relacionadas con la justicia son frecuentemente uno de los elementos más complejos y controvertidos de las negociaciones de paz. Sin embargo, abordar los abusos del pasado y las perspectivas y necesidades de las víctimas es clave para garantizar la credibilidad y la legitimidad de los procesos de paz y los acuerdos posteriores. Los marcos establecidos por los acuerdos de paz también configuran la naturaleza y el alcance de las posibles medidas de justicia transicional para los próximos años o décadas.
El proceso de paz. Los retos para la sociedad colombiana.
Colombia cuenta con una larga experiencia en materia de diálogos entre los gobiernos y diversas agrupaciones armadas ilegales. Desde 1982, con la llegada al poder de Belisario Betancur, el diálogo como mecanismo para superar los conflictos armados ha sido una herramienta para alcanzar la reconciliación entre las partes enfrentadas.
El diálogo implica, en principio, que los adversarios se reconozcan como interlocutores, que la contraparte merezca ser escuchada, que la vía militar no sea suficiente para superar el enfrentamiento armado. El diálogo significa, también, negociar, discutir en torno a los graves problemas que, desde tiempo atrás, han afectado a la sociedad, y tratar de encontrar acuerdos para darles una solución. Desde que iniciaron las negociaciones en los años ochenta, las discusiones, en términos muy generales, se han centrado en aspectos políticos, sociales y jurídicos: ¿Cómo reformar un sistema político para hacerlo más “democrático”, “incluyente” y “representativo” a los intereses nacionales? ¿Qué medidas adoptar para disminuir los índices de pobreza que afectan a buena parte de la población? ¿Cuáles son los mecanismos jurídicos más adecuados para que los guerrilleros puedan reinsertarse en la sociedad?
A partir de ese “modelo”, los resultados de los procesos de paz no son desdeñables: la mayor parte de los grupos guerrilleros, o facciones importantes de ellos, se desmovilizaron a finales de los años ochenta y comienzos de la siguiente década. Además de las partes involucradas, la participación de otros sectores ha sido sin duda un factor clave en los avances de los diálogos. En un nuevo contexto internacional (derrumbe de los Estados comunistas) y nacional (nueva carta constitucional), importantes dirigentes guerrilleros y numerosos simpatizantes de la izquierda, que hasta los años noventa no ocultaban su desconfianza hacia el Estado y hacia sus propuestas de paz, se libraron a una autocrítica en torno a la lucha armada, tras la cual decidieron aceptar los retos de lanzarse a la legalidad. Desde la orilla opuesta, la Iglesia católica, que también se había opuesto a los diálogos, empezó a mostrar una nueva actitud, motivada seguramente por el evidente debilitamiento del tan temido comunismo. De esa manera, los diagnósticos que, hasta principios de los años noventa se empecinaban en hacer de la “crisis moral” y del “alejamiento de Dios” las principales causas para explicar los problemas del país, comenzaron a dar cabida a la pobreza, a la corrupción, al desplazamiento forzado, a la violación de los DD.HH, es decir, decidieron tomar en cuenta la compleja realidad nacional. Hoy en día, la participación en las negociaciones incluye, por fin, a las víctimas del conflicto, a los militares y a otros sectores de la sociedad civil.
